Me gustaría empezar por el principio: la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos reformas del Congreso de la Unión: una, para que estados y municipios no gasten tantísimo dinero en propaganda y, otra, que los servidores públicos puedan dar sus opiniones políticas. La primera reforma afectaba el bolsillo de los medios de comunicación que viven de adular a los gobernadores y no de informar a sus audiencias. La segunda blindaba la conferencia mañanera. Eso fue lo que invalidó la Suprema Corte. Pero los ministros no quisieron discutir sobre ello y, en vez de ir al fondo de lo aprobado por mayoría por diputados y senadores, prefirieron erigirse en garantes de la forma en que ambas cámaras legislativas decidieron.

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