Una bala perdida de noviembre de 2012 continúa provocando repercusiones casi 12 años más tarde.

La semana pasada aquel incidente desembocó en el pedido de desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera planteado por la fiscal Silvia Porteiro, la renuncia de Carrera a su banca en la cámara alta y por último su renuncia también a su lugar en la lista del MPP al Senado para los próximos comicios.

En la noche del 12 de noviembre de 2012 aquella bala perdida hirió a Víctor Hernández, un albañil que vivía en la Paloma, frente a una casa del Ministerio del Interior donde residía el subcomisario Marcos Martínez.

En esa casa Martínez celebraba su cumpleaños con un grupo de amigos. Mientras tanto, Hernández estaba cenando con su pareja en su vivienda, cuando escuchó disparos y salió a ver qué pasaba. En ese momento, según declararía después, observó un fogonazo que surgía de un costado de la casa del subcomisario y de inmediato se sintió herido de bala y cayó al suelo. Dijo que vio personas que salían corriendo desde el fondo de la casa de Martínez hacia el frente, cerraban la casa y apagaban la música y las luces. Nadie se acercó a asistirlo.

Hernández quedó parapléjico debido a la lesión que el disparo provocó en su médula.

Un mes después, cuando se encontraba internado en el Hospital de Clínicas recibió la visita del entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), que entonces era Charles Carrera.

Allí fue donde el caso se tornó político.

En enero de 2013, por gestión de Carrera, Hernández comenzó a cobrar tickets de alimentación por $ 20 mil mensuales. Y luego, en julio de ese mismo año, cuando recibió el alta del Hospital Clínicas, no se volvió a La Paloma sino que fue trasladado al Hospital Policial. Junto con su hermano Daniel, que tenía su propia habitación, Hernández permaneció cuatro años en ese establecimiento, hasta enero de 2017. Ninguno de los Hernández cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para recibir asistencia gratuita en Sanidad Policial.

A lo largo de ese período el monto total de las prestaciones más las partidas de tickets mensuales otorgadas a Hernández ascendería, según la fiscal Porteiro, a US$ 260.350.

Paralelamente, el incidente original, en el que Víctor Hernández resultó gravemente herido, nunca pudo ser aclarado por la justicia.

El caso tomó estado público diez años después de aquel hecho de la bala perdida. La iniciativa correspondió a los hermanos Hernández.

Primero recurrieron a la Justicia Civil con una demanda contra el MI por daños y perjuicios. Los demandantes consideraban que la asistencia recibida del Estado era un reconocimiento implícito de responsabilidad en el hecho que había dejado parapléjico a Víctor Hernández.

Ante esa novedad, en noviembre de 2016 el abogado del MI elevó un informe en el que recomendó disponer el cese de la atención médica y la prestación económica, dado que no existía ninguna norma que obligara al MI a hacerlo. A Hernández se le dio el alta definitiva en enero de 2017.

La Justicia falló en tres instancias a favor del MI y contra Hernández, porque la demanda atribuía responsabilidad a esa Secretaría de Estado por “omisiones en el actuar policial” y no por el balazo en sí. La Justicia, en sus diferentes instancias, consideró que la omisión de servicio no hubiera evitado la lesión que ya se había dado. Sin embargo, los magistrados destacaron que las prestaciones de asistencia sanitaria y económica constituían una situación anómala e indebida.

Luego de que se frustrara ese reclamo en la vía judicial, los hermanos Hernández decidieron salir a la opinión pública en el programa televisivo Santo y Seña.

En agosto de 2022, ese programa emitió un informe sobre el caso que incluía grabaciones ocultas de Charles Carrera realizadas por Daniel Hernández. Además de insistir en el reclamo de una compensación del Ministerio del Interior por la discapacidad provocada por el disparo de noviembre de 2012, acusaron a Carrera de haber ofrecido la atención en el Hospital Policial para encubrir al subcomisario Martínez.

El reportaje motivó una comisión investigadora en el Parlamento, en la que el Frente Amplio decidió no participar, y posteriormente una denuncia penal contra Carrera impulsada por el MI, liderado entonces por Luis Alberto Heber.

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Profundizamos En Perspectiva sobre cuál es la argumentación de Carrera para su defensa, junto a su abogado, el Dr. Juan Manuel González.

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